Continuación del tema: La politica.

Por cortesia del Lic. José Ramiro Velasco, de su blog Dichos y hechos, compartimos el articulo siguiente:

UNA MADEJA DE ENTUERTOS EN TORNO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALVADOREÑA

La Corte Suprema de Justicia salvadoreña ha sido tradicionalmente la cenicienta de los tres órganos fundamentales del estado. Y entre las fallas de origen de tal condición está la limitada legitimidad de los magistrados que la componen.

Hasta 1992, los magistrados de la Corte, según la Constitución,  eran elegidos directamente por el Presidente de la República quien a su criterio nombraba a los miembros del llamado Poder Judicial.

Sabemos por la historia salvadoreña que muchos Presidentes desde la Tercera Junta Revolucionaria de Gobierno (1980) para atrás, no tenían una verdadera legitimidad;  pues muchos de ellos fueron el efecto no de la voluntad popular, sino en la mayoría de casos, de la voluntad del partido o del grupo o estamento que los nombraba.

La mayor limitación en ese tipo de elección presidencial, era que muchos magistrados no eran elegidos por su capacidad y  honorabilidad, sino por criterios políticos o de compadrazgo con el gobernante de turno. Aunque como toda regla tiene su excepción, se debe reconocer que también hubo magistrados honorables, a lo largo del siglo veinte que cumplieron a cabalidad su cometido.

Con los Acuerdos de Paz de 1992, mediante la negociación efectuada entre el FMLN histórico (muy diferente al actual) y las fuerzas conservadoras del país representadas en el gobierno de la época, la Constitución de la República fue reformada para establecer una nueva forma de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En el artículo 173, se estableció que serán elegidos por la Asamblea Legislativa, su número será establecido por la ley y uno de ellos será el presidente. Y que tanto la elección de los magistrados como su destitución, se tomará con el voto favorable de por lo menos dos tercios de los diputados electos.

En el artículo 186 de la Constitución, se estableció además que los magistrados durarán en su cargo 9 años, podrán ser reelegidos y  se renovarán por terceras partes cada tres años.

Como explica muy bien la Lic. Elsa Elizabeth Fuentes, en el siguiente sitio de ADESA,  

http://adesaelsalvador.blogspot.com/2012/05/inconstitucional-eleccion-de.html

La primera elección de magistrados, después de los Acuerdos de Paz, se realizó en 1994. En aquel año, la Asamblea Legislativa eligió de manera excepcional 15 magistrados propietarios y suplentes, 5 de ellos con duración de tres años, otros 5 con duración de seis y los 5 restantes con duración de nueve años.

En la elección de 1997, se debía nombrar a magistrados con una duración de nueve años y renovar la tercera parte que terminaba su período de tres años, y así se hizo. Pero para  el año 2003, se comenzó a tener las primeras dificultades, pues se introdujo cambios en el mecanismo de designación y los señores diputados respondiendo más a la coyuntura del momento, no siguieron el mecanismo establecido.

La Asamblea debió haber escogido en el 2003, a los dos magistrados que formarían parte de la Sala de lo Constitucional y en el  2006 al nuevo integrante de dicha Sala.

En vez de ello, en el mismo 2003, la Asamblea completó la Sala de lo Constitucional con magistrados de otras salas y magistrados elegidos para la Sala de lo Constitucional fueron trasladados;  y en el 2006 trasladaron a otro que había sido nombrado en el 2003.

Lo anterior, alteró el orden planificado en la elección de 1994 y condujo a la Asamblea a posteriores ajustes para nombrar a los miembros de la Sala de lo Constitucional.

Belarmino Jaime fue elegido en el 2009, como Presidente de la Sala de lo Constitucional y Sidney Blanco, Rodolfo González y Florentín Meléndez fueron designados por la Asamblea Legislativa para cubrir los cuatro puestos vacantes que dejaron los magistrados de la Sala de lo Constitucional que finalizaron su período en 2009.

Los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional comenzaron a tomar en serio las demandas de inconstitucionalidad que les fueron presentadas y dieron sentencias que no fueron del agrado de los partidos políticos representados en la Asamblea y hasta del mismo Presidente de la República.

Ante una guerra no declarada contra la Sala de lo Constitucional,  la Asamblea Legislativa comenzó a manipular  la elección de magistrados y hasta planteó la posibilidad de destituir a los magistrados de aquella Sala.

En abril de 2012 la misma Asamblea 2009- 2012 que ya había elegido magistrados en el año 2009, eligió nuevos magistrados, lo que fue declarado inconstitucional el 6 de junio por la Sala de lo Constitucional por incumplir lo establecido en la Constitución. La Sala, también declaró inconstitucional la elección de los 5 magistrados que fue hecha en el 2006, por haber sido electos también por una misma legislatura.

Ante tal sentencia, los diputados del FMLN, GANA, CN y PES,  desobedeciendo la sentencia,  recurrieron a la Corte Centroamericana de Justicia y   llamaron a los nuevos diputados electos a tomar posesión.

La Sala de lo Constitucional declaró inaplicable por inconstitucional la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia que pretendió suspender la sentencia emitida por la misma Sala de lo Constitucional. 

Pero las cosas no terminaron ahí. La división de los dos poderes, legislativo y judicial, se agudizó por una parte, al  tomar partido el Presidente de la República en apoyo de los diputados desobedientes y sus partidos, perdiéndose la oportunidad de haber servido como estadista en una intermediación del conflicto; y por otra, la posición de respeto a la norma constitucional que aglutinó a sectores de derecha como el partido ARENA y grupos empresariales; pero también, a una variada cantidad de instituciones de la sociedad civil agrupaciones de jóvenes, universidades, asociaciones de abogados, la Conferencia Episcopal y organismos internacionales como Naciones Unidas.

A la fecha, el país cuenta con dos Cortes Supremas de Justicia instaladas. La una, conformada por los 4 magistrados de la sala de lo Constitucional cuyo período de elección está vigente y 4 suplentes; la otra, dirigida por el nuevo presidente Ovidio Bonilla, nombrado por los diputados desobedientes de la Asamblea Legislativa, más 4 magistrados de la generación 2012 y  cinco de la generación 2006.

La interminable medición de fuerzas de los dos bandos políticos tradicionales que han polarizado el escenario político salvadoreño en los últimos veinte años, ARENA y el FMLN, han aprovechado la situación para llevar agua a su molino. Los primeros, apareciendo como adalides del respeto a la constitución, olvidando que ellos han actuado de la misma manera en el pasado;  y los segundos, defendiendo de la manera más obcecada sus intereses de poder, junto a sus compañeros de ocasión, los otros partidos de derecha que no tienen ninguna solvencia ética y que han sido expertos en triquiñuelas políticas.

Al momento las cosas lejos de mejorar se complican más, pues han comenzado a aparecer las presiones políticas foráneas con consecuencias todavía insospechadas para el pueblo salvadoreño.

El desenlace de esta verdadera tragicomedia está por verse. De no llegar a una solución por los medios razonables y pacíficos, habrá que esperar los tetuntazos, los gases lacrimógenos o la presión externa de fuerzas con mayor poder real sobre nuestra atrasada sociedad.